PERIODISMO CULTURAL

La gestión cultural ante los nuevos desafíos

- Susana Velleggia

Las políticas culturales no fueron, en la generalidad de los casos, políticas de Estado sino de gobiernos, o de sectores particulares de los mismos en pugna entre sí. Ello impidió realizar procesos de acumulación de conocimientos y prácticas que redundaran en beneficio del desarrollo cultural de nuestras sociedades, perdiéndose de vista que este es el objetivo fundante de la intervención del Estado en la cultura.

Tal trayectoria supo generar un estilo de gestión autorreferencial, que circunscribe las decisiones a las preferencias individuales de algunos funcionarios y a los estrechos círculos de personas -amigos y allegados- que suelen conformarse en torno a las sucesivas autoridades del área. En no pocos casos esos vínculos han servido a la realización de suculentos negocios privados a expensas del erario público.

Hacia el fin del milenio, de manera paradójica -o no tanto-, la gestión cultural del Estado ha ido aproximándose cada vez más a la modalidad de gestión del antiguo mecenazgo ejercido, a discrecionalidad, por el príncipe. Pero, a diferencia del paradigma renacentista, los príncipes de esta época son pobres, material y simbólicamente... A esta situación debe agregarse el impacto negativo que el ideologismo neoliberal -y los programas económicos subsecuentes- tienen sobre el campo cultural, en el aspecto material y en el simbólico.
En el marco de una progresiva transferencia de funciones del Estado a la sociedad y de preeminencia del mercado y del sector privado sobre el espacio público, se asiste a la desestructuración de los organismos del sector, tanto por las reducciones arbitrarias de los presupuestos, cuanto por una doble ausencia: de voluntad política para formular estrategias concertadas de desarrollo cultural a mediano y largo plazo, y de una formación medianamente aceptable de los decisores.

En una tentativa homeopática -de pretender curar el mal con lo mismo que lo produce- en la Argentina se han alzado recientemente voces que, ante el estilo centralista, desarticulado y fragmentario de gestión forjado desde aquel marco, comienzan a demandar la eliminación de los organismos culturales públicos. Habida cuenta de su insignificancia frente a la avasalladora presencia que ha adquirido el mercado en el campo cultural, a través de complejos multimediales cada vez más concentrados y opulentos, no extraña este tipo de discurso por parte de los defensores a ultranza de la mano invisible que todo lo puede. 

Más que imputar la ausencia de réplica de parte de la sociedad a su indiferencia por la cultura -y, obviamente, por la política- cabría interrogarse si el silencio no es una respuesta elocuente, o la única posible, a las decisiones solitarias que toma el príncipe, de espaldas a los cambios que tienen lugar más allá de las murallas de su corte.

De la gestión cultural a la gestión de la representación

En sociedades cuyas demandas democratizadoras crecen, los organismos culturales públicos devenidos en feudos de un gobierno o de un sector político, lejos de generar espacios propicios a la participación y la reflexión colectivas, abiertos a la diversidad de expresiones, a la pluralidad social y política, con liderazgos democráticos aptos para articular intereses e iniciativas divergentes en beneficio del conjunto de la sociedad, suelen debatirse entre dos modelos de gestión que pueden combinarse en distintas dosis. 

Por un lado, el tradicional que los erige en custodios de la "alta cultura" -o de la "identidad cultural" monolíticamente concebida, según sea el caso- tan         desconfiados, cuando no intolerantes, hacia todo atisbo de innovación como agentes aduanales en busca de un contrabando.

Por el otro, el de retromodernización (o modernización retrógrada). En este caso, liberada del corsé del canon estético del funcionario de turno, la gestión cultural pública hace del espectáculo el centro de sus desvelos. Los creadores o productores culturales interesan en la medida de su popularidad, las obras en tanto produzcan el necesario éxito de público y los críticos serán intorlocutores válidos siempre que entiendan que llevar la cultura a la gente es la misión más elevada que puede cumplir el Estado en la materia. Para este modelo, el perfil del administrador cultural ideal es una mezcla de yuppie y de rey Midas que posea la cualidad de transformar en espectáculo masivo toda especie artístico-cultural. Las especies que no se adapten a ese imperativo habrán de sucumbir. 

Ambos modelos de gestión suponen una concepción patrimonialista de la cultura y de la gestión cultural y, a su manera, cada uno de ellos hace de la representación -en el estricto sentido habermasiano del término- el eje de su accionar.

Si el primer modelo trata a la cultura exclusivamente como un patrimonio artístico congelado en el tiempo, dando cuenta de una posición de poder que, con la coartada estética, enmascara diferencias sociales; para el segundo, la noble tarea de difusión cultural es asimilada a las public relations del político en el poder.

Cada modalidad de gestión prohija formas congruentes de periodismo cultural. En el primer caso, la crítica erudita, los especialistas y los círculos de amigos de grandes museos y teatros líricos -principales destinatarios de la gestión cultural tradicional- presionan por mantener cerrado el coto de la "alta cultura" pretendiendo una suerte de apoteosis de la calidad.

Es sabido que la calidad estética concebida como patrón universal desapegado de una historicidad particular, es de raigambre conservadora y anti-democrática; prescinde con desdén de los no-entendidos, desconfía del gusto de las mayorías, abomina de las expresiones populares y/o nacionales y descubre a las vanguardias retrospectivamente. Al igual que el príncipe, esta crítica hace un uso discrecional de su poder consagratorio; así como concede premios a los "elegidos", suele imponer duros tributos a los creadores y funcionarios insumisos.

Pero, el carácter esencialista de este tipo de crítica se opera a costa del menoscabo de su función mediadora. Ella actúa como el espejo narcisista de un pequeño círculo que produce-consume-difunde cultura para sí mismo, convalidando la privatización de un bien público por excelencia.

La gestión retromodernizadora cuenta con una pléyade de cronistas de espectáculos que sacralizan la cantidad, de manera independiente de consideraciones de orden estético. En su absurda pretensión de "una cultura para todos", esta modalidad de gestión es complaciente y adormecedora. Ya que, necesariamente, tendrá que emparejar hacia abajo, confunde masa con pueblo; popular con populismo, de un modo simétrico al deslizamiento de economía a economicismo hoy en boga.

Cada vez más ligada a la televisión y a su star system -reino soberano de la retromodernización- los códigos televisuales guían los juicios que emite la crónica de espectáculos sobre los distintos campos del quehacer cultural. Desde esta perspectiva, se priorizan los efectos atractivos, el rating de los artistas, el impacto emotivo y las reacciones del público. Sin embargo, esta crítica que a veces suele rozar la frivolidad, cumple una función mediadora más intensa que la anterior, tanto porque las opiniones de los cronistas se replican por los distintos medios de comunicación adquiriendo gran penetración, como por la mayor comunicabilidad del léxico que utilizan y del objeto que abordan.

Por añadidura, la repercusión de público que logre el espectáculo -periodismo mediante- se transmite por contagio al funcionario de turno. En la competencia con sus pares los "éxitos de público", que aquel ha gestado, elevarán su perfil permitiéndole acceder a destinos políticos más elevados; dentro de los aparatos políticos partidarios, la gestión cultural es considerada como uno de los peldaños más bajos de la carrera por el poder.

En ambos extremos -quizás esquemáticamente esbozados en esta síntesis- el periodismo cultural asume una función prescriptiva por acción, a la vez que proscriptiva por omisión, constituyéndose en un engranaje fundamental del dispositivo de la representación y, por ende, de la reproducción del poder.
 

En una etapa de rápidos cambios, las políticas culturales y la gestión de los organismos del sector se enfrentan a nuevos problemas a los que deben dar respuestas simultáneas, en un escenario de complejidad creciente.

La crisis de legitimidad que afecta a las distintas instituciones -políticas, religiosas, etc.- parece escapar al control de las sociedades y provocar extrañamiento y pérdida del sentido. La producción y reproducción social del sentido, sinónimo de cultura, constituye, además, el terreno privilegiado de las luchas político-ideológicas del presente.

Las principales macro tendencias que manifiestan los cambios en curso, dan una idea de la magnitud de los desafíos por enfrentar y obligan a redefinir el campo de intervención de las políticas culturales y de la gestión pública del sector. Entre ellas:
 

• Intensivos procesos de fragmentación socio-económica que dan cuenta de la inmersión de vastos sectores sociales en un estado de indigencia simbólica que obstaculiza su plena inserción en la vida económica, cultural y política. Aunque relacionada a factores socio-económicos, esta situación forma parte del fenómeno más vasto y complejo de la pérdida social del sentido.
• Los procesos de globalización y transnacionalización cultural y la acelerada expansión de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, que impactan en la totalidad de la vida social con la consecuente concentración del poder cultural y comunicacional y el acentuamiento de las inequidades sociales.
• Importantes mutaciones en las formas de socialidad urbana y de construcción de las identidades colectivas que, aunque vinculadas a los fenómenos anteriores, desembocan en una erosión de la noción de espacio público, como ámbito material y simbólico de procesamiento de los conflictos sociales y de formación de valores compartidos.
• Importancia económica creciente de la cultura, fundamentalmente del sector de las comunicaciones y las industrias culturales.
• Emergencia de nuevos actores sociales cuya presencia señala, de una parte, nuevas modalidades de intervención en el campo cultural -fundaciones, patrocinio de empresas, ONG, etc.- y de la otra, una multiplicidad de demandas diferenciadas que es preciso responder y articular -mujeres, jóvenes, tercera edad, sectores marginales, etc.-.
• Legislación cultural obsoleta, desarticulada, fragmentaria y con graves lagunas normativas, cuya formulación o reforma marcha cada vez más rezagada con respecto a las realidades que pretende normar.
• Carencias en materia de estudios y diagnósticos que posibiliten identificar las necesidades de los sectores sociales, los cambios en la dinámica social y en la demanda, así como los recursos disponibles del lado de la oferta y las tendencias en la evolución del sector. Hecho que impide planificar sobre bases consistentes, a fin de elaborar programas y proyectos concertados entre los actores públicos, privados y sociales. Ello estimula, por otras vías, el afianzamiento del estilo autorreferencial de la gestión cultural.
• Necesidad de una intervención creciente de la dimensión cultural en los procesos de integración subregional y de articulación de las políticas culturales públicas a las educativas, comunicacionales y científico-tecnológicas como una de las estrategias para propiciar un desarrollo social armónico y equitativo.