Chasqui - Revista Latinoamericana de Comunicación

          Tal es la conclusión de un análisis de contenido de los diarios El Comercio, Expreso y La República de Lima, en el periodo 1980-1995, respecto al problema de la violencia política y a los casos de violación de derechos humanos por parte del sector gubernamental, específicamente, los casos de las ejecuciones extrajudiciales y la tortura.

 De acuerdo a un estudio realizado por el peruano Luis Arias, los tres diarios constituyen una prensa de referencia en el país, por su nivel de influencia en los sectores políticos, en otros medios de comunicación y en sectores significativos de la sociedad, además de que expresan distintas tendencias políticas.

          Para el análisis fueron también estudiados los resultados de sondeos realizados por empresas de estudios de opinión para conocer las reacciones de la ciudadanía respecto a operativos de las fuerzas del orden en los que se violaron los derechos humanos y entrevistas realizadas con representantes de organizaciones de derechos humanos, periodistas y analistas políticos.
 

     Según estimaciones de organismos de defensa de los derechos humanos, la violencia política ha causado en Perú más de 28.000 muertes, cifra que encierra un alto porcentaje de población civil. Se calcula que entre los años 1980 y 1992 desaparecieron unas 5.000 personas y se han producido  600 ejecuciones extrajudiciales. 

Así mismo, las evaluaciones realizadas en los últimos cuatro años por organismos de defensa de los derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, señalan que en el Perú continúa la violación de los derechos humanos y la impunidad, a pesar de haber sido derrotado, política y militarmente, el grupo terrorista Sendero Luminoso.

El tema se reactualiza

          La decisión del gobierno peruano de retirarse al fuero contencioso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, adoptada a mediados del año 1999, trajo nuevamente al centro del debate el tema de la vigencia de los derechos humanos en el Perú, aunque en esta oportunidad la discusión incidió también en aspectos de orden conceptual. 

          En efecto, representantes del gobierno e intelectuales vinculados al régimen que han respaldado la decisión del gobierno,  en el fondo cuestionan los derechos universales, su sentido de obligatorios y exigibles en todas las regiones del mundo, más allá de las condiciones culturales, políticas y sociales de cada país. 

          Altos funcionarios oficiales han fundamentado la decisión del gobierno recurriendo a la perspectiva del relativismo cultural, según la cual no puede haber valores universales en la medida en que en el mundo hay diferentes realidades socio culturales. En otras palabras, afirmando que lo que es válido en Occidente no necesariamente lo es en otra región.

 Contradicción flagrante
 
El gobierno ha sostenido enfáticamente y lo proclama, que en el Perú se respetan los derechos humanos. Sin embargo, a lo largo de dos décadas, el Estado a través de sus organismos especializados se ha encargado de implantar un conjunto de medidas que en la práctica han demostrado todo lo contrario. 

Se cuestionan los derechos humanos apelando a la defensa de otros derechos, esgrimiendo la necesidad de revisar su concepción "tradicional", sometiéndola al filtro de las condiciones sociales y políticas de cada región.

¿Cómo exigir que el Estado respete el derecho a la vida y la integridad física en circunstancias excepcionales, cuando por ejemplo, los terroristas amenazan al conjunto de la sociedad? ¿Se puede permitir que la presión internacional termine por afectar la imagen internacional del país y violente la soberanía nacional? 

Así, la postura del gobierno y de los intelectuales que la respaldan genera, en la práctica, un retroceso en la evolución y avance de los derechos humanos en el país, cuya tendencia general ha ido más bien hacia el reconocimiento y delimitación de un mayor número de derechos en beneficio de todas las personas, sin ninguna excepción.

  Pese a todo, en materia de derechos humanos se han logrado avances alentadores en el reconocimiento que implican atribuciones significativas tanto para la existencia política como para la existencia económica, social y cultural de los ciudadanos, lo que debe entenderse como la afirmación de su carácter de fundamentales en cualquier orden político-jurídico moderno.

Percepción de los derechos humanos

El análisis realizado determinó que en buena parte de la década de 1980 ha primado, en amplios sectores de la sociedad, una suerte de tolerancia y en ciertos casos respaldo a prácticas violatorias de los derechos humanos por parte del Estado, en el marco de la lucha antisubversiva, principalmente los derechos de primera generación o elementales como el derecho a la vida, la integridad y la libertad. 

Esta manera de percibir el problema expresaba, probablemente, una incipiente interiorización de la propia noción de derechos humanos en determinadas elites políticas y en un sector importante de la población en el país, principalmente de Lima y otras zonas no afectadas directamente por el problema de la violencia. 

Además, en las exigencias para el restablecimiento del orden interno y el principio de autoridad, planteadas por importantes sectores políticos y económicos del país, no aparecía con claridad la importancia de combatir a los grupos subversivos en un marco de respeto por los derechos humanos. 

A fines de los 80 y comienzos de la década de 1990, en el fragor de la guerra interna, se fue configurando en gran parte de la sociedad una actitud más crítica y cuestionadora de la política de guerra sucia llevada a cabo por las fuerzas del orden, basada en torturas, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales. 

Avances y retrocesos

Este proceso, sin embargo, ha sido sumamente complejo y ha estado caracterizado por avances y retrocesos, muchas veces influenciados por coyunturas políticas y económicas específicas.

Estos cambios en las percepciones sociales sobre los derechos humanos se han visto promovidos y al mismo tiempo reflejados por la prensa peruana, en el entendido en que los principales diarios de circulación nacional constituyen instituciones que producen y reproducen realidad social (simbólica), participando significativamente en la construcción de sentidos comunes, básicamente en aquellos campos de la vida política y social del país en los cuales las personas no tienen  posibilidades de realizar una confrontación o contraste directo de los acontecimientos.